La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) es la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) -aunque en la práctica se convierte en una ley completamente nueva- que el gobierno quiere implantar para los próximos cursos. Dicha reforma afectaría a todo el grueso del sistema (primaria, secundaria, bachillerato, FP...).

En resumidas cuentas, supondría una brutal elitización del sistema educativo, materializándose en la segregación del alumnado, la dificultad para acceder a cursos superiores y en el descenso del nivel.

A las puertas de la segunda Huelga Educativa en la historia de España, aprovecharé este espacio para reflexionar sobre la desobediencia civil, y más concretamente de la estudiantil.

Para la huelga del 18 de octubre de 2012, convocada por primera vez por la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres), el maravilloso ministro Wert les acusaba de promover una “huelga política inspirada en supuestos de la extrema izquierda radical y antisistema”. ¿Qué nos queda a los ciudadanos para defender la justicia social, la defensa del pueblo, lo que en definitiva nos pertenece, cuando el Gobierno niega los cauces legales? La desobediencia.

Parafraseando al gran José Luis Sampedro, pero con una breve licencia poética: Don José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, es usted estúpido. Todos tenemos derecho a equivocarnos. El ser humano avanza con una combinación de ensayo y error, no nos queda otra. Pero es que lo de usted no es una mera equivocación, más bien es el empecinamiento en el error. Puede justificarse que no escuche a la mayoría de los ciudadanos españoles que piden su dimisión o que se retracte de su reforma universitaria, porque las líneas ideológicas de su partido van en otra dirección a la que demanda el pueblo. Pero tantas salidas de tono sólo pueden tener dos razones: la primera es que su partido lo utilice como muñeco de trapo para que se lleve toda la atención de los flashes o, la segunda, que sea estúpido. Creo que es un poco de ambas. ¿Por qué sigue empeñado en el papel de la universidad como fábrica de trabajadores?

Obsoleta. Es el calificativo con que el gobierno central tacha a la ILP que pretende regular la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, ILP que está respaldada por más de un millón de firmas, más de un millón de personas que piden y exigen que desde los poderes públicos se frene esta lacra, esta epidemia económica que se ceba con el eslabón más débil de esta sociedad: los sectores populares y la clase trabajadora en su conjunto.