Una marcha de trabajadores recorre medio país para llegar el día 24 a la capital española. Decenas de kilómetros realizados, etapa tras etapa a pie, en agotadores trayectos que solo finalizan cuando se pone el sol. Los pueblos donde pasan la noche se vuelcan a la calle para recibir y acoger entre gritos de ánimo y lucha la marcha.
Hablamos de Alcoa, una empresa que se dedica a la producción de aluminio primario a través de un proceso de electrólisis. La multinacional cuenta con tres factorías en España: San Cibrao y Coruña en Galicia y Avilés en Asturias. El pasado 17 de octubre, esta empresa anunciaba de manera unilateral y sin previo aviso el cierre de las centrales de Coruña y de Avilés lo que suponía el despido de alrededor de 700 trabajadores. Si bien es cierto que en un primer momento la negociación colectiva consiguió arrancar un compromiso que daba un plazo de 6 meses para encontrar un inversor que mantuviera las plantas, el plazo se está agotando y los rumores de los inversores no dejan de ser eso: rumores.
La empresa se justifica en “problemas estructurales intrínsecos” que hacen que las plantas de Coruña y Avilés sean “las menos productivas”. Defienden su posición alegando menor capacidad de producción, una tecnología obsoleta y elevados costes fijos debido al precio de la luz lo que le impide competir contra China. No obstante, es importante enmarcar el conflicto en el contexto actual de la Industria española, el papel que juega España en el marco de la Unión Europea y las contradicciones en torno a las compañías eléctricas con el fin de entender el conflicto en su conjunto y de encontrar las soluciones políticas al mismo.
La amenaza de cierre de las plantas de Alcoa es sólo un paso más en el proceso de desindustrialización que se inició en España de la mano de Felipe González.
Nuestra integración en la Comunidad Económica Europea tuvo consecuencias directas en la industria española, principalmente en la industria pesada, aunque también en la ligera como en el sector textil. La “reconversión industrial” (como eufemísticamente se le llamó) afectó principalmente al sector del naval (astilleros tanto civiles como militares), a la industria química, a la minería, a los altos hornos y la siderurgia en general —principalmente el hierro y el acero— además de que se limitó la capacidad productiva de sectores como el lácteo, la vid y el olivo entre otros. Por otro lado, el capital español consiguió amoldarse al nuevo Mercado Común especializándose y consiguiendo un gran peso internacional en sectores como la banca, las constructoras, la industria del acero (en la cual España sigue teniendo un peso muy importante), las energéticas o las petroleras, todas ellas principales empresas del IBEX35.
Sin embargo, estos sectores nos dejan en una subordinación tecnológica de nuestra economía respecto a otras como son la alemana o la francesa. Este importante encorsetamiento hace que una parte importante de las fuerzas productivas se absorban en un sector terciario que crece como auxiliar a la industria (mayoritariamente el sector de la hostelería y del turismo). Estos sectores de bajo contenido tecnológico y un bajo valor añadido dejan una situación complicada. Incluso en una situación con poderosos sindicatos que permitieran un mejor reparto de la riqueza, habría poco que repartir. Y aunque las condiciones laborales son importantes, lo fundamental no es eso, sino la situación de dependencia comentada anteriormente. Esto se ve claramente en que el acero producido en España se compra principalmente en Francia y Alemania. Aquí hacemos las piezas y allí lo montan lo que nos deja en una situación de completa subordinación tecnológica al realizarse los procesos con un mayor valor añadido en otros países.
Además de la dependencia tecnológica, uno de los problemas que se plantea en Alcoa para la viabilidad de las plantas, es necesario también enmarcar el conflicto en la situación actual de los sectores energéticos los cuales están en manos de un puñado de empresas (Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa, Gas Natural, etc.).
La solución que se plantea sobre la mesa es El Estatuto de Consumidores Electrointensivos lo cual es una solución muy parcial que consiste en un paquete de medidas que tienen como objetivo abaratar los costes de la luz y dotar de mayor competitividad a las empresas españolas. Esta serie de ayudas que se presentaron en borrador no han llegado a ningún lado debido en parte a la confrontación con las políticas europeas. No podemos tampoco obviar el hecho de que ya se ha venido subvencionando a esta empresa (que un día fue pública pero que fue comprada por capital norteamericano) con millonarios descuentos en la tarifa eléctrica bajo amenaza de cierre.
Nos encontramos ante una burguesía que por un lado es incapaz de mantener a flote un sector estratégico como la electrointensiva —a pesar de las cuantiosas subvenciones y el gran apoyo recibido por parte del Estado— y por otro, genera una dependencia tecnológica que bloquea cualquier atisbo de progreso para el sector además de la defensa de unos intereses de tipo particulares-corporativos materializados en los continuos aumentos de la luz condenando así, a sectores industriales estratégicos (además de a familias) teniendo como resultado la subordinación de nuestra economía y el consecuente hipotecamiento del país en su conjunto.
En la actualidad, la única clase que puede resolver estas contradicciones entre burguesías y ofrecer una solución unitaria es la clase obrera. Ya que es la única que puede organizar la industria y el sector energético en base a un plan, que permita un desarrollo tecnológico acorde, se sobreponga a los intereses particulares y garantice el interés general, sustituyendo la libre competencia caótica e irracional que sólo trae la destrucción de las fuerzas productivas, miseria y sufrimiento.
Esta situación insostenible y que deriva en el cierre y en el desmantelamiento de la industria exige necesariamente, como primer paso, la nacionalización de las empresas eléctricas. Es imprescindible para el futuro de nuestra industria y para la soberanía de un país poner sectores estratégicos como la energía, al servicio y bajo la dirección de la clase obrera no dejando que sean los intereses del capital nacional y europeo los que las manejen a su antojo, pudiendo así abaratar y organizar la producción bajo unos criterios de racionalidad que velen por el interés general y aprovechen el máximo de su potencial. Y si esto no nos lo permite la Unión Europea, será fuera de ella.
