Somos todas sediciosas

La publicación de la condena a los líderes del procés se ha hecho oficial el pasado 14 de octubre pese a que, en la práctica, ya habían sido condenados puesto que acumulaban dos años en prisión sin juicio previo. Además de recluirles en prisión, se han vulnerado múltiples veces sus derechos como personas y como representantes populares electos en distintos parlamentos (catalán, estatal y europeo), vulnerando así los derechos políticos de millones de personas que los eligieron legítimamente. Si bien esta condena es especialmente visible, la represión contra el ejercicio de los derechos de reunión y de manifestación, así como del ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña tiene actualmente a cientos de personas encausadas, detenidas, multadas o en prisión preventiva.

La condena es propia de un estado represor e incapaz de responder a las demandas de las trabajadoras, jóvenes, estudiantes del conjunto del Estado Español, pero especialmente a las de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. Es también propia de un estado que reviste su autoritarismo de democracia mediante el mayor juego de trileros que se pueda imaginar, por el que sustenta su legitimidad sobre una norma legal (la Constitución) que interpreta a su antojo, y de la cual elige en cada momento que partes se cumplen y cuales no. Por ejemplo, frente a los derechos individuales y colectivos de manifestación, asociación y participación política manda a la Policía, a la Guardia Civil y a los Mossos d’ Esquadra. Frente a las imposiciones del gran capital y la Unión Europea en cambio, pone la alfombra roja.

Este proceso autoritario se viene dando en los últimos años con la aprobación de leyes hechas a la medida por el PSOE y el PP, con la inestimable ayuda de Ciudadanos y la ultraderecha, que reduce a papel mojado la soberanía popular y los derechos y libertades mientras convierte a los jueces en verdaderos intérpretes de la democracia. Y es de esa forma que se imponen penas de cárcel por un total de 116,5 años a representantes parlamentarios y líderes de organizaciones sociales por organizar un referéndum de autodeterminación.

Lo más grave de la condena no son las abultadas penas, es el concepto que se ha usado para imponerlas: la sedición.

¿Qué es la sedición?

En la historia del Derecho Penal es un delito que proviene del concepto de traición a la monarquía, que era el Estado en sí misma (una herejía no religiosa), y con la aparición de las democracias liberales se reformula como rebelión frente al orden establecido. Sin embargo, en su fórmula contemporánea, el Código Penal español lo define como “alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o el ejercicio de sus funciones por parte de las autoridades”. Se castiga hasta con quince años de prisión, el ejercicio de la desobediencia civil o la resistencia frente a un acto con carácter legal realizado por cualquier autoridad. Esto no es una interpretación tendenciosa, es la nueva doctrina usada por el Tribunal Supremo que, basándose en las leyes vigentes, reduce a escombros el concepto de derechos y libertades.

Y es que, en esa nueva interpretación del Tribunal, lo único que diferencia un delito de resistencia a la autoridad o de desobediencia (castigados con penas mucho menores) de uno de sedición es la palabra alzamiento. Y considera que alzamiento tumultuario es un movimiento de masas con el objetivo de inaplicar la ley, siempre que la realicen un grupo amplio de personas en varios actos sostenidos en el tiempo.

Esa definición, ahora aplicada para condenar el procés catalán, coincide con la actividad de la mayor parte de movimientos sociales y populares en nuestro Estado.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas trata de evitar, mediante la organización popular y la resistencia física, que se aplique la criminal legislación de vivienda y lo hace muchas veces, de forma organizada y en muchos sitios distintos. El movimiento feminista ha protagonizado durante dos años seguidos, en todas las ciudades y pueblos del país, convocatorias de huelga política (expresamente prohibidas por la ley española) contra el patriarcado y su alianza con el capitalismo. Quienes luchan contra las casas de apuestas, llevan a cabo muchas acciones, de forma organizada y en sitios distintos, contra locales que de forma legal condenan a nuestra clase a la miseria y las adicciones. Cuando el movimiento estudiantil lleva a cabo una Huelga educativa a nivel estatal y se encierra en las facultades e institutos pretende que no se apliquen las tasas universitarias y los recortes, decididos por las Administraciones de forma legal. Y así podríamos seguir enumerando.

Esta nueva situación antidemocrática, unida a la frustración de llevar muchos años en un proceso político llevado al estancamiento por los partidos independentistas de la burguesía catalana, es la que ha llevado masivamente al pueblo catalán, especialmente a los jóvenes a salir a las calles. Y es la hipocresía de algunos de los propios partidos (principalmente ERC y JxCat/PDeCat) la que les lleva a entrar al juego impuesto por el estado autoritario y ser equidistantes entre la violencia empleada en algunas movilizaciones y la violencia sistemática del estado español. La fuerza, la violencia que ejercen miles de jueces, policías y miembros de los gobiernos puede golpear, multar, encarcelar y privar de derechos a miles de personas. En definitiva, puede arruinar vidas de miles de personas. La violencia empleada por los manifestantes no debe ser romantizada, ni ser juzgada siempre como una expresión de la organización popular existente en Catalunya. Pero es una reacción espontánea de frustración, de hartazgo y de resistencia frente a los cuerpos represivos.

Ante la actual situación no caben las medias tintas, no caben las equidistancias. Por que lo que ha castigado el Tribunal Supremo, con el aplauso de todos los partidos del Régimen, ha sido el intento de cambiar el orden legal establecido. Y castigará siempre que sea necesario y con una dureza similar a todos los que legítimamente queremos acabar con la Constitución, con la Monarquía y con el Capitalismo y estamos dispuestos a hacerlo desobedeciendo las leyes.