Introducción
El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa y en la agenda política, enmarcada en la gestión de la pandemia de COVID-19, la necesidad de llegar a un Pacto de Estado como los Pactos de la Moncloa. Así, ha hecho un llamamiento a llegar a unos acuerdos de mínimos y a llegar a un consenso para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del virus en nuestro país. Pero, ¿qué fueron realmente estos pactos? y, sobre todo, ¿puede hacerse una analogía con estos dos momentos históricos? Creemos que es urgente y prioritario hacer un análisis político sobre su viabilidad hoy en día y sobre las consecuencias que podrían tener para la clase trabajadora.
Cuando hablamos de Pactos de la Moncloa, nos referimos al Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y al Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política[1]. Fueron firmados en octubre de 1977 por las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, en una recién estrenada transición hacia la democracia bajo el Gobierno de Suárez. Fueron la antecámara a la firma de la Constitución de 1978 y no es detalle menor señalar que estos pactos no fueron firmados ni por sindicatos (que acababan de salir de la clandestinidad[2]) ni por la patronal (cuando se acababa de constituir la CEOE).
Movilización obrera y papel del PCE
Los Pactos de la Moncloa se realizaron en un pico brutal de movilización obrera. La muerte de Franco, junto con la crisis del petróleo del 73 y la renovación de cientos de convenios colectivos potenciaron un ciclo de movilización obrera encabezada por las comisiones obreras aun no constituidas en sindicato y que mantenían formas asamblearias. España de 1975 a 1978 fue un auténtico hervidero de movilizaciones y conflictos de las clases populares.
El régimen se desmorono en las fábricas, aunque sin menospreciar el resto de los movimientos democráticos de la sociedad civil fue la nueva clase obrera industrial emigrada a las grandes ciudades las que con su organización y lucha por sus derechos tumbó el régimen. Es importante entender que el nivel de organización de la clase obrera principalmente en CCOO y el papel de liderazgo del PCE, por ser el único con capacidad de actuación real bajo la dictadura, dotaban a los trabajadores de un poder de negociación inmenso. Todas estas luchas se dieron junto con la reivindicación de la «Amnistía y Libertad» que simbolizaba las ansias y necesidad de un régimen democrático.
La lucha económica se había elevado a lucha política, la clase había pasado de ser «clase en sí» a ser «clase para sí». Pero el franquismo tenia y tiene, como se demuestra en los apoyos principales a VOX, una serie de capas de la población afines: desde pequeños propietarios que habían visto crecer sus negocios, hasta empresarios que habían aniquilado la protesta obrera durante 40 años a funcionarios, militares y sin olvidar los tentáculos de la Iglesia Católica. La correlación de fuerzas de la clase trabajadora y el impulso democrático eran muy importantes pero incapaces de derrotar a la vieja estructura de poder franquista. Y ante este escenario es cuando Suarez decide impulsar los Pactos de la Moncloa. El pacto material de la transición en la que la clase trabajadora cede una parte importantísima de su poder de negociación (es decir subidas de salario, mejora de condiciones etc.) en pos de un acuerdo que afiance la joven democracia.
Situación económica
Puede llegar a ser acertado, si una se pone a buscar similitudes entre aquel contexto y la actualidad, afirmar que en ambos casos el Gobierno tuvo o tiene que hacer frente a un desafío económico. No obstante, refrescamos la naturaleza de la crisis económica en 1977, siendo ésta causada por la caída de los precios del petróleo, con una inflación altísima (26,4%) y el desempleo en tendencia alcista, sumado a un fuerte déficit exterior.
¿Cuál fue la primera solución planteada por el Gobierno de Suárez? La devaluación de la peseta de hasta un 20%[3]. Aquí nos encontramos con el primer impedimento y es que, con la entrada a la Unión Europea y la conversión al euro, renunciamos a nuestra soberanía monetaria por lo que no es posible acudir a un mecanismo similar hoy en día. No obstante, tendremos que hacer frente a la destrucción de empleo post-coronavirus y al aumento del déficit, por necesitar de las arcas públicas del Estado para mantener unos mínimos de protección social que van a quedar lejos de ser suficientes para las trabajadoras.
No podemos olvidar que un eventual acuerdo de estas características pondrán aún más de manifiesto la contradicción capital-vida: los intereses de salud pública y de las grandes empresas son completamente antagónicos. El poner la vida en el centro a través de políticas sociales de redistribución de la riqueza, mientras se combate la pandemia en confinamiento, queda lejos de las numerosas presiones para volver a activar la producción a toda costa. No solo se trata de acentuar contradicciones, se trata de que un escenario donde ganen los postulados estrictamente científicos de contención es altamente improbable e ingenuo.
Situación política
Si se repiten hoy los Pactos de la Moncloa quienes van a volver a perder van a ser las trabajadoras. No estamos en situación de exigir mejoras sociales con la correlación de fuerzas actual, enmarcada en un escenario de polarización y crispación absoluta (previas a la pandemia) por parte de los partidos de derecha y extrema derecha. Más bien podemos extraer de estas aproximaciones al diálogo una súplica por un «alto el fuego» político sin mucho margen de maniobra para lo económico (por las presiones empresariales y que, en definitiva, dependemos de la UE).
De hecho, en teoría, estos pactos deberían tener vocación de permanencia (una reforma estructural) y todo apunta a que, de llevarse a cabo, sólo se abordarán cuestiones coyunturales y urgentes. Filosofía Real Decreto – Ley en la sociedad de la inmediatez. Cuestiones coyunturales que ahora mismo estén en la agenda de casualidad y que irremediablemente van a tener como moneda de cambio repartir un poco del pastel a los diferentes partidos. A su vez éstos tratan de sacarle el máximo rédito político con vaivenes que son un insulto para los cientos de miles de trabajadores que no tendrán cómo hacer la compra la semana que viene.
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos debe ser consciente de que el principal reto de cara a los trabajadores va a ser la estabilidad del empleo. Si se abordan ahora problemas que llevan años en el cajón como la falsa temporalidad en España, va a ser inútil pretender pactar con Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Recordemos que quedó sin resolver la pugna entre el modelo de contrato único de C’s y el de refuerzo de la causalidad de los contratos temporales de Unidas Podemos. Tratar de construir soluciones favorables en un escenario de ERTE masivos[4] (si hay suerte y no son despidos) es jugar con la baraja trucada. Todavía nos queda ver cómo afectará la COVID-19 a la negociación colectiva, aunque posiblemente sirva de pretexto para negociar salarios a la baja y rebajar condiciones.
No queremos una reforma laboral de 2012 versión coronavirus. Queremos un Estado que responda a las demandas y necesidades de la clase obrera, pero también que sea capaz de exigir, de forma valiente, responsabilidades al capital en tiempos de pandemia.