A nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, el principal provisor de servicios de salud públicos es Osakidetza. Si bien el PNV se jacta de la buena gestión de dichos servicios de salud, los datos demuestran lo contrario. Por una parte, en relación al PIB el porcentaje invertido en los mismos ha descendido durante estos años (en 2010, suponía un 5’24% y en 2018 había disminuido hasta el 4’73%).[1] Por otra, según un informe de la Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública sobre el grado de privatización de las CC. AA., la CAV ocupa el 5º puesto.[2] Y eso sin tener en cuenta el grado de interinidad que impera en Osakidetza ni la subcontrata de los servicios de muchos centros de salud y hospitales.
Entre las distintas unidades que componen Osakidetza, tenemos las OSI (Organizaciones Sanitarias Integradas que incluyen centros de salud, hospitales y consultorios). Desde que comenzaron la residencia, las médicas de familia Macarena y Dani han estado realizando rotaciones entre distintas OSI de la provincia de Bizkaia. Hablamos con ellas sobre cómo han vivido la situación generada por el COVID-19.
Si hay algo que caracteriza a las crisis sanitarias es la histeria y la desinformación. ¿Cómo se ha estado gestionando esto desde las instituciones vascas a la hora de dar directrices y de establecer protocolos que protejan tanto a pacientes como al personal de los hospitales?
M: La tónica general ha sido la falta de información. Nos hemos visto obligadas a trabajar en base a protocolos cambiantes, y por el contacto que he tenido con otras compañeras, puedo afirmar que los mismos protocolos han sido dispares entre diversas autoridades y sociedades científicas, incluso entre las propias Organizaciones Sanitarias Integradas que componen Osakidetza. La deficiencia ha sido tal, que, por ejemplo, el pasado 16 de marzo nos enteramos de la suspensión de las consultas a través de los medios de comunicación, y no por los canales oficiales.
¿Cuál consideráis que ha sido la situación respecto a las condiciones de seguridad?
D: Precisamente, esta situación caótica ha conllevado que no se respeten las recomendaciones por seguridad, empezando por el uso de equipos de protección individual. Los recursos materiales de los que disponemos son insuficientes y eso nos ha convertido en blanco del contagio y transmisión de la infección.
M: Lo mismo sucede con compañeras no sanitarias como las trabajadoras de la limpieza, encargadas de la desinfección de consultas, que en ocasiones no disponen de los equipos de protección necesarios para el desempeño de su trabajo, lo que vulnera todos sus derechos laborales.
D: La Administración tendría que hacer todo lo posible por garantizar tanto nuestra seguridad como la del personal no sanitario y el de la población a la que asistimos, tomando todas las medidas que fueran necesarias. Pero claro, hay intereses privados que han impedido desarrollar una industria farmacéutica y de instrumentos sanitarios desde lo público, que habrían sido capaces de reaccionar a estas necesidades que estamos teniendo.
Hablando de derechos laborales, ¿cómo ha repercutido la situación del COVID-19 en la carga de trabajo del personal sanitario? ¿Cómo lo está gestionando el Gobierno Vasco?
D: Nos hemos estamos enfrentando a una carga laboral muy por encima de la prevista en nuestros contratos y en la prevista en la propia organización de los hospitales. Las múltiples bajas por contagio o aislamiento han conllevado una sobrecarga de trabajo durante el propio horario laboral (con una mayor atención de volumen de pacientes y en condiciones excepcionales: usando EPI, atendiendo a los pacientes por teléfono…) lo cual ha repercutido en un cansancio mucho mayor por nuestra parte.
M: Claro, y a eso debemos sumarle que en lugar de reforzar la contratación se nos ha obligado a realizar jornadas más largas o nos han aumentado las horas, poniendo en peligro nuestros derechos laborales.
¿Qué experiencias de organización entre las trabajadoras se han dado en vuestros centros de trabajo? ¿Creéis que se dan las condiciones para que se pueda organizar a la plantilla en vuestro centro?
D: Creo que existe bastante conciencia sobre nuestros derechos laborales, y los conflictos que han surgido a lo largo de los últimos meses han sido afrontados con espíritu reivindicativo con una perspectiva de clase, sin embargo, mi impresión es que hay cierto conformismo con los «tibios» avances obtenidos. Pese a todo creo que existe un ambiente de unión, autocuidado y respaldo recíproco entre las trabajadoras, y llegado el momento creo que sería fácil que nos organicemos.
Por último, al estar haciendo la residencia, ¿qué efectos ha tenido el coronavirus en vuestro proceso de formación? ¿Consideráis que ha afectado de forma específica a vuestros derechos?
M: Por supuesto, formativamente ha supuesto la paralización de las rotaciones en curso y aquellas que estaban programadas (tanto externas, con otras CC. AA. y en extranjero, como internas). Durante el estado de alarma también se ha abierto la posibilidad de contratación de graduadas sin especialidad, cosa que ha supuesto un menoscabo formativo para ellas (ya que debido a la coyuntura no han podido estar debidamente supervisadas) y ha entrañado otros problemas, ya que como la falta de experiencia a la hora de tratar a los pacientes.
D: También ha afectado a nuestros derechos. Inicialmente se anunció que las compañeras de último año verían prorrogada su residencia, con el consiguiente perjuicio tanto económico como en el largo plazo (baremos, etc.) en lugar de optar por la alternativa de la contratación como especialistas a todos los efectos por la que optaron países como Italia. Finalmente, no ha sido así, aunque la incertidumbre de estas semanas asociada en muchos casos a la reubicación en otros servicios priorizando lo hospitalario sin considerar las necesidades de la Atención Primaria han hecho mella.