Ya hemos visto el proceso de desarrollo de la Formación Profesional hasta la actualidad, estando actualmente en redacción y debate una propuesta de Ley de Reforma para la consolidación del nuevo modelo de FP.
Modelo que, aunque con una mayor inversión y ampliación de plazas, no ataja principales problemas de la FP y se centra en la instrumentalización y privatización de este tipo de estudios. Problemas como la falta de oferta educativa en FP en el medio rural y semirural que repercute directamente en incremento del gasto en traslado, material o vivienda, contenidos académicos cada vez más orientados a la capacitación del estudiantado como empresarios mediante asignaturas de emprendimiento en detrimento de la formación en derechos laborales, sindicales u organizativos, dando por supuesto que todo estudiante de FP va a ser empresario y no trabajador por cuenta ajena.
Tampoco tiene en cuenta la necesaria remuneración al estudiantado en prácticas FCT o en FP Dual, dejando libertad a las empresas para decidir si pagar o no al estudiantado en prácticas, que no olvidemos que produce y genera beneficios para la empresa. Igualmente, plantea aumentar el número y cuantía de las becas destinadas a este nivel de estudios. Y aunque por un lado se propone una inversión pública en ellas, por el otro se da la posibilidad de acceder a becas a través de fundaciones y empresas privadas directamente, siendo esto un caldo de cultivo para la creación de más centros de FP privados sólo accesibles a estudiantes procedentes de familias con una situación económica privilegiada, como ya ocurre en el ámbito universitario.
La modularidad y la ultra-especialización
La propuesta de Ley también versa en torno a una “organización modular de las enseñanzas” con una duración variable de los ciclos y la aparición de másteres de especialización para la FP media y superior aumentando la segregación como ya se ha comprobado en los universitarios y que tiene la intención de agilizar la detección de necesidades de formación en cada sector productivo para crear títulos adaptados a lo que pide el mercado con mayor celeridad.
El mismo análisis podemos hacer en torno a la propuesta de la Ley en lo que respecta al aumento del peso de la formación en el centro de trabajo dentro de todos los ciclos, y no solo en lo que es la actual FP Dual de la que hemos hablado anteriormente: la formación práctica sin relación laboral de por medio no hace más que extender y ampliar las formas de adoptar en estos sectores productivos unas altas tasas de explotación, además de convertir a las estudiantes en mano de obra gratuita.
La “organización modular” de los títulos vienen a traer a la Formación Profesional (ámbito educativo dependiente del Ministerio de Educación) aspectos clave de la Formación para el Empleo (ámbito productivo dependiente Ministerio de Empleo). Esto puede redundar en la fragmentación de la formación supeditándola a intereses empresariales concretos y, por otro lado, a la precarización de la plantilla docente.
En la Formación Profesional actual la formación es integral, es decir, se imparten materias y conocimientos que abarcan todo el ámbito del Título Profesional (popularmente llamados Grados Medios o Superiores). Este ambiente formativo, aun con todas las carencias que arrastra y que denunciamos en este texto, permite una visión más holística de la profesión y fortalece lazos entre el alumnado que permanece unido durante todo el periodo formativo.
Siendo honestos, este nivel educativo tiene una vocación de formar trabajadores eficientes, y no tanto valores sociales, solidarios, de clase o comunitarios. Evidentemente, esta formación puramente profesional, es crucial para un tejido económico-productivo bien engrasado que pueda proveer a la sociedad de las condiciones materiales óptimas para su bienestar (aunque, evidentemente, esto no sirve de mucho si los propios trabajadores carecen de control sobre la actividad productiva ni de sus resultados).
No obstante, gracias a profesionales y proyectos de carácter más social, en la Formación Profesional algunas docentes y equipos directivos intentan combinar esa formación en lo productivo con ciertos valores de apoyo mutuo y de solidaridad entre iguales o con la concienciación sobre la inmensa cantidad de opresiones y exclusiones que pueblan nuestro medio social.
De hecho, podemos y debemos usar las aulas para hablar del machismo, el racismo o el clasismo, del reparto de la riqueza o sobre qué significa democracia. Esto, solo es posible gracias a cierto margen de transversalidad que permite la organización educativa propia de estas etapas.
Las docentes, en general, somos profesionales que conocemos los campos formativos que impartimos, pero a la vez adquirimos una capacidad pedagógica y empática que permite lubricar el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, el sistema modular y la Formación para el Empleo tiene unos objetivos centrados únicamente en el rendimiento productivo y la empleabilidad. La modularidad permite fragmentar la formación y permite obtener conocimientos mucho más especializados y aislados.
Siguiendo la óptica del coste-beneficio, permite que el trabajador pueda obtener una certificación que acredite conocimientos concretos que pueden quedar desligados de aquellos que les rodean y le dan sentido como un todo. Este sistema que, no nos engañemos, puede tener ventajas para el trabajador con dificultades de conciliación o actualizar sus conocimientos y destrezas en algún ámbito concreto de su desempeño laboral, también facilita la ultra-especialización.
La modularidad en lo formativo es homóloga de especialización en lo productivo. Una excesiva especialización redunda en una alienación del trabajador respecto al objeto de su trabajo (solo conoce una parte de su proceso o incluso del propio producto) y, además, facilita la sustitución de los trabajadores.
Esta modularidad no solo afecta a las personas que reciben la formación sino a las que la imparten. La Formación para el Empleo precariza a sus docentes (aunque algunos prefieran llamarlas formadoras), imponiéndoles condiciones laborales mermadas en comparación con las docentes que impartimos Formación Profesional dentro de la enseñanza formal.
Los peligros de la penetración de la empresa en la Formación Profesional
Otra de las medidas estrella de esta incipiente ley de Formación Profesional es la de los nuevos Cursos de Especialización (también llamados “másteres de la FP”), que amplían sensiblemente el margen de contratación de profesorado especialista. Este profesorado, al igual que el de la Formación para el Empleo, proviene del mundo empresarial y, en teoría, viene a aportar su experiencia de primera mano en las disciplinas más especializadas.
Este modelo, en principio, puede facilitar el contacto del alumno con especialistas provenientes de entornos laborales reales que puedan completar la visión que proporcionamos los docentes profesionales. Pero no olvidemos que serán profesionales que, en muchos casos, pueden tener poca o ninguna experiencia en el ámbito educativo que conlleve carencias en las metodologías pedagógicas. Al mismo tiempo sufren, como las citadas formadoras de la Formación para el Empleo, sueldos más bajos y contratos menos estables.
La penetración de los intereses empresariales dentro de este modelo educativo no tiene por qué hacerlo más eficaz ni más motivador para el alumnado. Pensar que la tan cacareada “colaboración público-privada” tiene que redundar en una Formación Profesional de creciente calidad es, a nuestro parecer, cuanto menos ingenuo.
La Formación Profesional y los oligopolios tecnológicos
Hay ejemplos paradigmáticos en la rama profesional de los que firman este texto, la informática. Poco a poco se va abonando la idea de que la Formación Profesional, en vez de centrarse en dar una formación integral que enseñe oficios y profesiones con una perspectiva amplia, emita certificaciones de empresas concretas. Hoy en día, muchas empresas quieren incorporar en sus plantillas a trabajadoras que cuenten con conocimientos muy específicos en herramientas específicas pertenecientes a empresas que dominan su nicho de mercado.
Ojo, no somos ingenuos, sabemos que el alumnado no puede permanecer en una burbuja al margen de la realidad empresarial que les impida una rápida adaptación a sus puestos de trabajo. Pero debemos establecer unos límites a la hora de impartir enseñanzas muy concretas en tecnologías específicas como las de, por ejemplo, Google.
Los centros de Formación Profesional no pueden transmutarse en centros de formación Amazon o en academias Microsoft.
Tampoco debemos olvidar el cuestionable negocio que estas empresas obtienen en algunas ramas de la Formación Profesional y del sistema educativo público en general. Google cobra cantidades desorbitadas por el aprendizaje del manejo de sus servicios a empresas cuando esa formación, además, redunda en una generalización del uso de esa tecnología. Es decir, esas empresas cobran del erario público por dar a las alumnas una formación que facilite su hegemonía en el mercado.
Luis D., profesor de Formación Profesional en el ámbito de la informática.
BIBLIOGRAFÍA
http://www.educacionyfp.gob.es/en/prensa/actualidad/2019/11/20191119-datosfp.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:89c1ad58-80d8-4d8d-94d7-a7bace3683cb/datosycifras2021esp.pdf
https://www.elsaltodiario.com/opinion/posibles-cambios-formacion-profesional-next-generation