La Universidad Pública, no se libra de la lógica capitalista. Esta institución demuestra su carácter de clase, primando los intereses empresariales frente a los de las estudiantes o trabajadoras de la universidad.
La situación de la pandemia ha agudizado las contradicciones dentro del marco capitalista para la clase obrera en todos los ámbitos de la vida. En marzo, la Universidad no tuvo ni capacidad ni intención suficiente para poner fin a estas problemáticas, aumentando la carga de trabajo, sin tener en cuenta las diferencias existentes entre el alumnado, sin facilitar los recursos suficientes para afrontar la desigualdad. Este contexto supuso también desigualdades de conciliación, ya que somos las estudiantes de clase trabajadora, las que y tenemos mayor carga de cuidados en nuestros hogares.
El curso 2020-2021 comenzó con el desconocimiento inicial del funcionamiento del modelo de semipresencialidad que íbamos a tener. Este modelo, desigual entre facultades, pero homogéneo en la deficiencia e insuficiencia de la inversión de recursos, ha supuesto un menoscabo para el conjunto del estudiantado.
Así, algunas facultades han recibido la “desinteresada financiación” privada para asumir el pago de materiales para la retransmisión en directo (como en la Facultad de Derecho); mientras que otras facultades, al no disponer de estos materiales, sumado a la libertad en torno a cómo dar la materia, hacen que el modelo de semipresencialidad sea completamente arbitrario. Este varía según la decisión individual de cada profesor, habiendo casos incluso, en los que el profesor opta por una presencialidad del 100% saltándose las precauciones sanitarias impuestas (como en la Facultad de Filosofía y Letras); y en otras facultades se ha apostado por un modelo mayoritariamente telemático, como en la Facultad de Ciencias donde hay presencialidad en torno al 20% y grados con la presencialidad testimonial de los exámenes del 10%.
Así, según una encuesta realizada, más de 1400 estudiantes de la Facultad de Ciencias [1], un 5% del estudiantado no posee los recursos suficientes en casa para la docencia online, del cual únicamente el 9,5% recibieron recursos por parte de la Facultad pasando por un enrevesado proceso burocrático.
Bajo la premisa de disminuir la presencia en el Campus con base en el “criterio sanitario” se ha prohibido la estancia en espacios comunes, reducción de horarios de bibliotecas sin alternativa en las horas de cierre al mediodía, cierre de mesas de estudio y césped, de zonas abiertas que sirven de descanso para las estudiantes entre clase y clase, obligando a las estudiantes a esconderse por los edificios para hacer tiempo hasta la siguiente clase, o a consumir en la cafetería, ya que este servicio externalizado es apto para la estancia mientras se consuma. ¡Bajo la escandalosa norma, permitida por la Universidad, de prohibir comer de tuppers mientras los comedores permanecen cerrados, o tienen una capacidad insuficiente! ¡Incluso llegando a prohibir el uso del grifo para rellenar botellas, ofreciendo como alternativa comprar agua en la cafetería! [1]
Esto demuestra una vez más que la Universidad permite que las contratas tomen decisiones aludiendo a “cuestiones sociosanitarias”, mientras en realidad, han sido consecuencia de la búsqueda de su propio beneficio. Las cafeterías, como empresas privadas, no tienen por objetivo responder a las necesidades de las estudiantes, sino rentabilizar su actividad económica. Del mismo modo, está prohibido hacer deporte en el campus (únicamente se permite la estancia por cuestiones académicas) mientras se permite el disfrute del Servicio de Deportes (otro servicio externalizado). No son problemas puntuales, esta situación no es más que la consecuencia de convertir un servicio público en un negocio.
Ante esto no pedimos el cierre de las Cafeterías y Deportes, sino una ampliación del servicio de limpieza y desinfección que permita hacer uso seguro de espacios necesarios como césped, comedores, bibliotecas, salas de ordenadores, mesas y bancos.
Además, todas estas problemáticas se dan mientras el servicio de limpieza no ha visto reforzada su plantilla. Por lo que, las jornadas laborales de las trabajadoras se han visto intensificadas con más tareas y responsabilidades de desinfección, sin aumento del salario.
De forma paralela a los problemas relacionados con los recursos, nos encontramos con que la calidad de nuestra educación se ha visto consideradamente afectada por la docencia online. Según la encuesta antes mencionada, el 76% de los estudiantes consideran que la docencia telemática afecta negativamente a su capacidad de concentración, atención y estudio. Y debemos señalar que la docencia online o, como la UAM prefiere llamarlo, docencia presencial a distancia (oxímoron en toda regla), se realiza debido a la inseguridad sanitaria. Por lo que es más rentable telematizar la docencia que destinar recursos económicos necesarios para generar un entorno lo más seguro posible. Recordemos que las plantillas del personal de limpieza no se han reforzado, de hecho, se encuentran colapsadas porque además del aumento de responsabilidades, deben cubrir sus bajas entre ellas mismas. Rectorado manda personal de una facultad a otra, para “suplir” bajas, de forma que se generaliza en la Universidad la falta de trabajadoras del servicio de limpieza. No solo hay una falta de contratación para reforzar las plantillas y poder ofrecer unos espacios seguros compatibles con una mayor presencialidad, sino que directamente hay menos trabajadoras que otros cursos. El servicio más crítico para la seguridad colectiva de la Universidad Pública, tiene más trabajo, a repartir entre menos trabajadoras. Ese es el compromiso de la UAM para con la comunidad educativa. No es de extrañar que un 78.8% de las estudiantes encuestadas de la Facultad de Ciencias estarían dispuestas a aumentar la presencialidad sí se destinasen más recursos a la desinfección de espacios.
Algo parecido ocurre con el personal docente investigador (PDI) donde también se ven obligadas a cubrir las bajas de sus compañeras entre ellas mismas, pues la universidad solo cuenta con la fraudulenta figura del Profesor Asociado para contratar docentes.
Además, este cambio en nuestra educación no ha venido de la mano de un abaratamiento de las tasas universitarias ni en un incremento de las becas por motivos económicos. Y es que en la Universidad Autónoma de Madrid a cada estudiante nos cuesta el crédito ECTS entre 21,39 y 26,14 euros (sólo en primera matrícula). Unas tasas elevadas que se han mantenido este curso a pesar de la reducción de horas de docencia impartidas, a pesar de la reiterada cancelación de prácticas de campo debido a la inseguridad a la que exponen a estudiantes y profesores al no facilitar autobuses para no ir al 100% de su capacidad sin distancias de seguridad, ¡Con el visto bueno del Consejo Médico de la UAM! Este Consejo que ha dictado la “seguridad sanitaria” de hacinamiento en autocares, ha sido el mismo que ha dictado la “inseguridad” del uso de césped, clases magistrales presenciales, etc…
Debido al coste actual de la universidad y la precaria semipresencialidad, principalmente en los másteres, ha hecho que por primera vez desde Bolonia, el número de matriculaciones en posgrados en la UAM haya disminuido [3].
Por otro lado, la capacidad reivindicativa del estudiantado se ve reducida a cenizas dentro de las vías institucionales. Esto se ha podido observar para la aprobación de las Adendas, las ordenaciones académicas, de horarios y del grado de presencialidad que se están aprobando en noviembre para el 2º cuatrimestre. En éstas, la participación estudiantil se ha limitado a la votación de delegadas una vez ya están propuestos de forma cerrada los horarios, votación que se hace desde Comisiones de Titulación donde las delegadas no tienen capacidad para exigir mayor presencialidad o mejoras generales. Además, las Juntas de Facultad y sus comisiones no son más que órganos para legitima mecánicamente las decisiones impuestas.
De este modo, se hace evidente la falta de democracia universitaria y la injerencia de los intereses empresariales bajo el proceso de privatización exógena.
Todo esto se da en un contexto de ataques al movimiento estudiantil, que este curso en la situación de pandemia ha aumentado. A lo largo de los últimos meses se ha prohibido la colocación de materiales físicos de contenido reivindicativo, el acceso a los locales está restringido, se han desalojado asambleas que cumplían las normas sanitarias y ha aumentado la presencia policial en el campus.
Esto no es algo fortuito, sino que la Universidad es consciente de que el movimiento estudiantil, organizado en las asociaciones, está canalizando la reivindicación y es la única herramienta del estudiantado para plantarle cara a la gestión de la Institución que regula por y para las empresas, mostrando su claro carácter de clase. De nuevo, la única vía frente a la gestión neoliberal es la organización del estudiantado.
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